El gobierno regional de Galicia, España, ha aprobado un nuevo proyecto de ley destinado a prevenir conductas adictivas entre los jóvenes, con un enfoque principal en prohibir la venta y uso de vapeadores (cigarrillos electrónicos) por cualquier persona menor de 18 años. El gobierno tiene la intención de que la ley, que forma parte de una iniciativa más amplia de salud pública, entre en vigor antes de finales de año.
Una disposición central de este nuevo marco es equiparar legalmente los vapeadores con los productos de tabaco convencionales, prohibiendo así su venta y uso por niños y adolescentes. Esta medida es una respuesta directa a las alarmantes estadísticas locales que muestran que cuatro de cada diez menores de 14 años en Galicia han probado los cigarrillos electrónicos, una tasa significativamente mayor que la del tabaco tradicional. Los expertos en salud atribuyen la popularidad de los vapeadores a una percepción reducida del riesgo, alimentada por el marketing que a menudo los presenta como una "solución para dejar de fumar".
Noa Rey Torres, farmacéutica especializada en control del tabaquismo, advirtió que estos productos son a menudo una "puerta de entrada a otras drogas, no solo a los cigarrillos convencionales". La ley tiene como objetivo contrarrestar esto abordando los riesgos para la salud derivados de elementos tóxicos en el aerosol de los cigarrillos electrónicos, que han sido vinculados a enfermedades pulmonares específicas como EVALI.
Además, la nueva legislación ampliará significativamente las áreas libres de humo y vapeo. El uso tanto de cigarrillos tradicionales como de vapeadores estará prohibido en un radio de 50 metros de las entradas a edificios de administración pública, instituciones educativas e instalaciones sanitarias. La prohibición también se extenderá a las marquesinas de transporte público y piscinas públicas para reducir la exposición pública al aerosol de segunda mano. Aunque muchos comerciantes responsables ya se negaban a vender estos productos a menores, esta ley proporciona un marco legal claro y un mecanismo de aplicación para proteger a los jóvenes de la región.
