La Cámara de Diputados de México ha aprobado reformas constitucionales que implementan una prohibición total del uso, venta y distribución de vapeadores y cigarrillos electrónicos en todo el país. La medida, respaldada por la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobada con 324 votos a favor y 129 en contra. La nueva legislación impone severas sanciones, incluyendo penas de prisión de uno a ocho años para quienes vendan estos dispositivos.
La reforma modifica la Ley General de Salud para prohibir la adquisición, producción, fabricación, transporte comercial, almacenamiento, importación, exportación, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos y dispositivos similares en México. También prohíbe toda publicidad y promoción. Las sanciones económicas por infringir la ley van desde 100 hasta 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a multas de aproximadamente 11,314 a 226,280 pesos (621 a 12,430 USD).
La iniciativa reconoce explícitamente el vapeo como una “amenaza para la salud pública”, con el objetivo de reducir la dependencia y proteger a los grupos vulnerables. Sin embargo, legisladores de la oposición criticaron fuertemente la medida, argumentando que “abrirá la puerta” al crimen organizado. La diputada Iraís Reyes, del partido Movimiento Ciudadano, advirtió: “No regular un producto que la gente ya consume equivale a más mercado negro y más dinero para los narcos”. También acusó de hipocresía a legisladores progobierno que vapean.
Esta prohibición refuerza la posición de México como uno de los países con las leyes antitabaco más estrictas del mundo. Desde enero de 2023, los productos de tabaco deben mantenerse fuera de la vista en tiendas, la publicidad está prohibida y fumar está prohibido en la mayoría de los espacios públicos, incluidos patios, terrazas, playas y parques.
